Tegucigalpa – Como improcedente calificó este miércoles el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), del decreto legislativo que permite el pago de indemnizaciones a los altos funcionarios.
La iniciativa privada divulgó un análisis jurídico sobre el decreto legislativo 107-2021 contenido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2022.
El análisis señala que quedan excluidos de la Ley del Servicio Civil en base al artículo 3 son los secretarios y subsecretarios de Estado, sus empleados de confianza, personal de la secretaria general de la República y los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal.
También incluyen a los gobernadores políticos, integrantes de las corporaciones municipales, miembros del cuerpo diplomático y consular, proveedor y subproveedor general, miembros del consejo civil y otros.
“El pago del auxilio de cesantía a los funcionarios que forman parte del servicio excluido y que no están dentro de la excepción expresa establecida en el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil, es improcedente”, cita el análisis jurídico del Cohep.
Advirtió que esta medida puede generar responsabilidad civil, administrativa y penal para los funcionarios que ejecuten y reciban los pagos.
Continuó que los altos funcionarios pueden recibir beneficios adquiridos como como pago del decimocuarto mes de salario y aguinaldo.
El Cohep señaló que pueden recibir prestaciones los servidores del Estado que hayan pasado a formar parte del servicio excluido por ascenso y hayan desempeñado un cargo en un grado inferior.
Lamentó que el Congreso Nacional haya actuado fuera del margen de la Ley Orgánica del Presupuesto, que manda que en forma anual se aprueben las disposiciones que regulen la planificación para la ejecución de los ingresos y egresos del Estado para un determinado ejercicio fiscal.
Añadió que el Poder Legislativo no está para aprobar normas que reformen disposiciones establecidas en leyes especiales de vigencia indefinida y que tienen por objeto regular las actuaciones de la administración pública en sus distintas actividades, como ser la Ley de Servicio Civil.
La iniciativa privada condenó que el Congreso Nacional siga con las malas prácticas y demandó que se debe interponer las acciones legales pertinentes contra esta disposición que altera el espíritu de las reglas de ejecución de ingresos y egresos del Presupuesto de la República.
CCJ MEDIOS