Tegucigalpa – La recuperación de la gobernabilidad en el sistema carcelario comienza con la puesta en marcha de un decálogo de medidas, anunció este martes la interventora Julissa Villanueva.
– “Aunque los reos escondan las armas las vamos a encontrar con tecnología”, aseguró Villanueva.
– Las acciones comienzan en las cuatro cárceles más importantes: Támara, Ilama, Morocelí y El Porvenir.
– El censo penitenciario arroja el dato de 19 mil 966 privados de libertad, pero se contarán uno por uno para evitar suplantación de identidad, dijo la viceministra.
La doctora Villanueva fue designada por la presidenta Xiomara Castro para encabezar la recuperación del sistema penitenciario hondureño, luego que el pasado 8 de abril se registraran reyertas simultáneas en las principales cuatro cárceles del país.
En su exposición dijo que no confrontará a ningún privado de libertad, pero sí lo hará con la corrupción y el delito. “Quien no se apegue a la legalidad conoce ya las consecuencias. Este trabajo no sólo lo estoy haciendo yo, se trata de un equipo multidisciplinario en donde la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Poder Legislativo, Conatel, Hondutel, también serán protagonistas del ordenamiento en el Sistema Penitenciario”, adicionó.
Reveló que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que fueron nombrados esta semana, es de manera temporal y que los mismos se someterán a las pruebas de confianza.
La funcionaria dejó claro que, a pesar del anuncio del decálogo de medidas, hay otras acciones que no se pueden revelar por su naturaleza en el decidido proceso de intervención del sistema carcelario de Honduras.
En su prolongada exposición para detallar la problemática de ingobernabilidad en los recintos carcelarios, desglosó que las cámaras en el interior de los reclusorios fueron destruidas por los propios privados de libertad. “A su antojo manejan los privados de libertad las cárceles de Honduras, esa es una reflexión enorme que nos obliga como gobierno a tomar decisiones”, acentuó.
“Muchos hablan afuera, pero tiemblan como gallinas porque no quieren tomar las decisiones, entonces en este momento nos toca a nosotros hacer los cambios y comprometernos a buscar las soluciones”, describió.
Citó al crimen organizado carcelario militar y los identificó como los miembros retirados de las fuerzas de seguridad, pero que usan sus conexiones de formación para controlar la economía de las prisiones y en algunos casos muchas actividades de la misma.
Agregó que la mano dura que anunció la presidenta Xiomara Castro tiene que ver con las estrategias contra los corruptos y crimen organizado que han manejado las cárceles.
Decálogo de las acciones
Dijo que los nombramientos efectuados en la estructura del INP son momentáneos y certificó que los que integren ese instituto deberán pasar pruebas de confianza bajo una auditoría pormenorizada.
Entre las 10 medidas anunciadas por Villanueva, resaltan: un desarme real a través de registros manuales y electrónicos, permanentes en el 100 % de las instalaciones físicas. Igualmente el bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
La tercera medida es la remoción y depuración del personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza. Se iniciará con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos carcelarios de Támara, Morocelí (La Tolva), Ilama (El Pozo) y El Porvenir.
Asimismo, la instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, con control central las 24 horas del día. Habrá un control centralizado que será dotado con una millonaria inversión y aportes de la cooperación internacional.
Otro punto a destacar es el traslado y ubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
Se hará una reclasificación y asilamiento de privados de libertad con vínculos con el crimen organizado, maras y pandillas, y tráfico de drogas y armas.
Entre las medidas anunciadas también se incluye la revisión de los expedientes de los presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones, se analizarán las condiciones jurídicas para el otorgamiento de indultos en casos menores.
Se aplicarán pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que labora en las cárceles.
Villanueva agregó que se aumentará el número de agentes penitenciarios y policías, se dotará de modernos equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de ajuste salarial.
Como último punto se creará un bando de datos de privados de libertad para asegurar el registro de sus identidades para garantizar que no haya suplantación de identidad, partiendo de registros dactilares, odontológicos, indiciarios y genéticos con ordenamiento en base a la ciencia.
CCJ NOTICIAS