La aplicación de la Ley de Justicia Tributaria aumentaría el precio de los bienes y servicios que se consumen en el país, a criterio del oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Obed García.
En primera instancia -según el economista de la cúpula privada- este efecto se produciría por eliminar las exenciones del Impuesto sobre Venta (ISV), a los insumos agrícolas contenidos en el numeral 2 del decreto 119-2016.
En segundo lugar, aumentaría entre un 7 y 14 por ciento la factura de la energía, mismo que también se trasladaría al precio final de los productos y servicios. En Honduras, cerca del 80 por ciento de los ingresos de las familias se destina para cubrir la compra de alimentos y servicios básicos.
Entones, según García, al aumentar el precio de estos, ese porcentaje sería insuficiente para cubrir el costo del consumo, esto se traduciría en un aumento de la pobreza, desnutrición y precariedad para las familias hondureñas.
A nivel económico, un segundo efecto directo de la Ley de Justicia Tributaria es la pérdida de competitividad del país, siendo que en la región Honduras sería el único país que ofrece menos incentivos a la inversión.
A esto se le suma que a nivel general el país no brinda seguridad jurídica ni respeto al Estado de Derecho. Al no atraer inversiones al país no se crearían nuevas fuentes de empleo y se perderían las que ya están, aumentando el desempleo y, por lo tanto, reduciendo los ingresos de las familias hondureñas.
Con la aplicación de esta reforma, el gobierno afectará mayormente a las familias más pobres de Honduras, este resultado retrasaría el progreso social en el país y nos condenaría a permanecer en la pobreza, considera García.
Asimismo, que esta situación de precariedad motivará a más hondureños a irse a Estados Unidos o a Europa, buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Este impacto económico que teme el sector privado, coincide con el anunció de la Presidenta Xiomara Castro, de enviar en los próximos días esta reforma para aprobación en el Congreso Nacional de la República.
CCJ NOTICIAS