Los privados de libertad en los 26 centros carcelarios a nivel nacional, suman 19,386 personas, entre hombres y mujeres, de esa cantidad 9,613 esperan recibir sentencia, informó el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev), en base a reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Un promedio de 9,613 internos se encuentran en calidad de procesados con la medida de prisión preventiva y a la espera de culminar con todo el proceso judicial y recibir sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, dentro de esa cifra hay 607 mujeres en la misma condición. Mientras, los internos extranjeros ascienden a 136, de estos, 63 hombres se encuentran en calidad de procesados y el resto son mujeres. Respecto a los reos con condena, la cifra es de 9,773 reclusos, 550 son mujeres, unos 66 extranjeros varones y 5 mujeres.
La cárcel con mayor población es el Centro Penal de Támara con más de 4,195 privados de libertad de los cuales 1,447 hondureños, se encuentran en calidad de procesados. Se albergan bajo esa condición a 15 privados de libertad de nacionalidad extranjera, en lo que se refiere a condenados mantienen cumpliendo su sentencia a más de 2,708 hombres y 25 extranjeros.
El Centro Penitenciario de Máxima Seguridad “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara concentra 1,466 privados de libertad, son más de 917 en calidad de procesados y cuatro extranjeros bajo esa misma condición, tienen encarcelados a más de 538 sentenciados hondureños y siete extranjeros.
Otro reclusorio que mantiene una población carcelaria alta de acuerdo al reporte del INP dado a Conaprev, es la cárcel de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán que tiene 2, 628 privados de libertad, de los cuales más de 1,566 se encuentran en calidad de procesados.
La cárcel de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, denominada “La Tolva”, tiene a más de 2,094 reclusos, de ellos, 1,294 en calidad de procesados, el resto con sentencia condenatoria. Suman 19 extranjeros bajo esa condición de 22 que se encuentran recluidos por distintos delitos.
El centro penitenciario de Choluteca mantiene a más de 831 privados de libertad, de los cuales 296 están en calidad de procesados, tres extranjeros bajo esa misma modalidad de los 11 que están privados de su libertad.
En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), hay más de 913 internas de las cuales 463 están a la espera de recibir sentencia, mientras que 445 se encuentran condenadas y cumpliendo una sentencia.
La cifra en los demás centros penitenciarios oscila entre los 692 hasta 73 privados de libertad centro carcelario localizado en Puerto Lempiras con menos población penitenciaria.
En lo que respecta al Primer Batallón de Infantería este mantiene una cifra de 26 privados de libertad todos en calidad de procesados y de sexo masculino.(XM).
Insisten con la clasificación de reos
Para la comisionada de Conaprev, Evelyn Melissa Escoto, se debe hacer una clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad., además que no se debe dejar a un lado la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad a la sociedad, porque esa es la finalidad de la pena.
Escoto aclaró que “cárcel de máxima seguridad, únicamente tenemos Támara, en estos espacios de “Ilama”, “La Tolva” y “Siria”, lo que hay son regímenes, pero no como tal cárceles de máxima seguridad.
“La situación de todo el sistema penitenciario a partir del 8 de abril con diferentes eventos violentos, esa es una problemática estructural que tiene el sistema, por eso hemos insistido desde el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que debe fortalecerse la seguridad, lo hemos venido señalando”, expresó la profesional.
Sostiene que “los centros que presentaron eventos violentos en abril consideramos que deben ser intervenidos, y que se debe de crear una unidad a lo interno del INP que debe estar haciendo requisas sistemáticas y periódicas, para evitar que haya armas”.
FAMILIARES:“No han habido cambios”
La presidenta de la Asociación de Familiares y Personas privadas de Libertad, Delma Ordoñez manifestó que luego de que se intervinieran los centros penales “no hemos tenido ningún cambio, solo han hecho los anuncios, y acercamientos, pero cambios hasta el momento no”.
Recordó que solamente en dos de los cuatro centros penitenciarios en donde en el mes de abril se suscitaron hechos violentos solamente en dos permitieron la visita de las madres que tienen recluidos a sus hijos que fueron en Támara y Siria.
“Esperamos que se hagan los cambios, que se hagan las separaciones de los miembros de la MS-13 en un centro penal y de la 18 en otro, para que el 70 por ciento de la población carcelaria que son “paisas” que no pertenecen a ninguna estructura, una vez que se separen a los grupos que menciones se proceda con una reclasificación de los privados de libertad”, indicó.
Al mismo tiempo, sugirió que “pueden tomar como Centro Piloto la cárcel de Támara para ubicar a aquellos internos de la comunidad LGTBI, a los diabéticos, hipertensos, personas de la tercera edad, VIH, tuberculosis, se podría hacer un centro penal para delitos menores”.
Sigue revisión de expedientes
El magistrado de la Sala de lo Penal, Nelson Mairena, expresó que “se ha hecho un análisis de la situación de los privados de libertad para ver cuáles de ellos tienen opción para obtener medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva”.
Asimismo, dijo que se han preparado informes preliminares para que por la vía judicial que pueden objetos de excarcelación o por medio del indulto que concede el Poder Ejecutivo, además se quiere tener algo ahora en mayo, cuando se conmemora el “Día de la Madre”, por lo que es posible que al tener este informe se pueda tomar una decisión acerca si se indulta a una cantidad de mujeres privadas de libertad.
Al respecto de los motivos por los cuales se les podría otorgar los indultos y que se maneja de forma preliminar precisó que “hay mujeres con niños, hay algunas que padecen de enfermedades que requieren atención especial, hay una comisión especial que está realizando estas revisiones”.
“Se están revisando los expedientes de las mujeres privadas de libertad que tienen opción a la libertad o medida distinta a la prisión preventiva y se maneja entre 42 a 44 internas que están en esa opción, no tengo el número exacto”, puntualizó.
DATOS
La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se reunió para analizar el diagnóstico de la situación del sistema carcelario nacional y la legalidad de las acciones que se han desarrollado en el marco del Plan de Solución Contra el Crimen (SCC). Se presentó de igual forma a los comisionados adjuntos que apoyaran en el proceso de intervención, entre ellos: la abogada Sandra Rodríguez, exjueza de Ejecución y excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), quién tendrá la responsabilidad liderar, dirigir, asesorar y coordinar los asuntos en materia de Derechos Humanos. De igual forma, al abogado Mario Chinchilla, exfiscal contra el crimen organizado y extitular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), master en políticas públicas y gestión de la seguridad, quien se encargará de asesorar en el área legal, asuntos judiciales, medidas de preliberación y análisis jurídicos, entre otros.
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