Ya se han producido cinco ejecuciones en los Estados Unidos en poco más de dos meses desde que el Tribunal Supremo dio luz verde al gobierno de Trump para restablecer la pena de muerte a nivel federal.
Las ejecuciones se reanudaron el 13 de julio, después de una suspensión de 17 años por la administración Bush. Y para esta semana están programadas otras dos condenas más. La reacción inmediata de la Conferencia Episcopal local (Usccb), que en una nota firmada por los monseñores Paul S. Coakley y Joseph F. Naumann, presidentes del Comité de Justicia Interna y Desarrollo Humano y del Comité de Actividades Pro-Vida, respectivamente, dice: «En los últimos 60 años, sólo ha habido cuatro ejecuciones federales. Desde julio, ha habido cinco, ya más que en cualquier año del siglo pasado». Y continúa: «Al presidente Donald Trump y al fiscal general William Barr les decimos: ¡Ya basta! ¡Detengan las ejecuciones!».
La Usccb recuerda, entonces, las Sagradas Escrituras, en las que Caín no es asesinado, aunque golpeó a su hermano Abel hasta la muerte. «Como la Iglesia – subrayan los obispos de los Estados Unidos – debemos prestar ayuda concreta a las víctimas y fomentar la rehabilitación de los que cometen actos de violencia». Los prelados dicen que «la responsabilidad y el castigo legítimo forman parte de este proceso», pero para que se produzca la recuperación del delincuente, es necesario detener las penas capitales, que son «inútiles e inaceptables».
Hay que recordar que en junio Monseñor Coakley ya había emitido una declaración en la que pedía «invertir el curso» para poner fin a la pena de muerte. El prelado también recordó los numerosos llamamientos contra la pena de muerte hechos por varios Pontífices, entre ellos Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, que en 2018 aprobó un Rescripto especial para modificar el párrafo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, a fin de definir la pena de muerte como «inadmisible».