El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Mons. Paul Richard Gallagher, señaló este 23 de febrero al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en la respuesta global a la pandemia de coronavirus hay una erosión del derecho a la libertad religiosa.
Este martes en un mensaje por video, Mons. Gallagher indicó que la Santa Sede reitera “la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, en especial las creencias y expresiones religiosas, que se “encuentran en el centro de la dignidad de la persona humana”.
El Prelado señaló que “la respuesta global a la pandemia de COVID-19 revela que esta sólida comprensión de la libertad religiosa se está erosionando”.
“La Santa Sede quisiera subrayar que, como se reconoce en numerosos instrumentos de derechos humanos, la libertad de religión también protege su testimonio y expresión pública, tanto individual como colectivamente, pública y privadamente, en forma de culto, observancia y enseñanza”, agregó.
Mons. Gallagher explicó que el respeto por el “valor inherente” del derecho a la libertad religiosa requiere que las autoridades políticas se comprometan con los líderes religiosos, las organizaciones religiosas y los grupos civiles a comprometerse con la promoción de la libertad de religión.
“En medio de la actual pandemia de COVID-19, ciertas medidas impuestas por las autoridades para garantizar la salud pública también inciden en el libre ejercicio de los derechos humanos”, señaló.
El Prelado explicó que muchas personas en situación de vulnerabilidad, como ancianos, migrantes y niños “se han visto desproporcionadamente afectados por la crisis actual” e indicó que cualquier limitación “al ejercicio de los derechos humanos para la protección de la salud pública debe provenir de una situación de estricta necesidad”.
“Esas limitaciones deben ser proporcionales a la situación, aplicarse de manera no discriminatoria y utilizarse únicamente cuando no se dispone de otros medios”, agregó.
Mons. Gallagher señaló que la verdadera promoción de los derechos humanos fundamentales depende de los valores subyacentes de los que se derivan y remarcó que “cualquier práctica o sistema que trate los derechos de manera abstracta, separados de los valores universales y preexistentes, corre el riesgo de socavar su razón de ser”.
“En tal contexto de ‘derechos’ desprovistos de valores, las instituciones de derechos humanos se vuelven susceptibles a las visiones o ideologías predominantes”, señaló. “Pueden imponer obligaciones o sanciones que nunca fueron previstas por los Estados Partes, que en algunos casos pueden contradecir los valores que se supone deben promover”, agregó.
Además, resaltó que estas instituciones presumen incluso “de ‘crear’ los llamados ‘nuevos derecho’ que carecen de una base objetiva, alejándose así de su propósito de servir a la dignidad humana”.
El Prelado señaló que el derecho a la vida debe ser “ante todo un bien que debe ser apreciado y protegido” y explicó que desarrollos como la aplicación del fin de la pena de muerte o la lucha contra los actos de tortura “son extensiones razonables del derecho a la vida porque mantienen su base fundamental en el bien inherente de la ‘vida’”.
“Sin embargo, cuando este derecho se separa de su base fundamental, existe un riesgo real de socavar el valor que se pretende defender”, dijo.
Mons. Gallagher lamentó la Observación general N. 36 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, “que, lejos de proteger la vida y la dignidad humanas, tuerce su significado para implicar el ‘derecho’ al suicidio asistido y a poner fin a la vida de los niños por nacer”.
Asimismo, recordó que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara que “el reconocimiento de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana, y de sus derechos iguales e inalienables, constituye la base de la libertad, justicia y paz”.
El Prelado señaló que la Carta de las Naciones Unidas afirma su “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.
“Estos dos documentos reconocen una verdad objetiva, una que es independiente de la necesidad de consenso y no está condicionada por el tiempo, el lugar, la cultura o el contexto, es decir, que toda persona humana está innata y universalmente dotada de igual dignidad”, agregó.
Finalmente, Mons. Gallagher subrayó que “estos objetivos aún están lejos de ser ‘reconocidos, respetados, protegidos y promovidos en todas las situaciones’”.
CCJ NOTICIAS.