En la primera jornada de ponencias sobre el proyecto de legalización del aborto en el Senado de Argentina, la politóloga María Florencia Álvarez Travieso manifestó a los legisladores que los pobres merecen “opciones de vida” “no proyectos de descarte”.
El proyecto de legalización del aborto, una de las promesas electorales del presidente Alberto Fernández, fue aprobado el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
De esa manera el lunes 13 de diciembre el texto fue presentado por la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra; el Ministro de Salud, Ginés González García; y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Al día siguiente, en el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, los legisladores escucharon a los primeros expositores.
María Florencia Alvarez sostuvo en su presentación que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo, sino a su lado, acompañando, antes que imponiendo”.
“Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado” “poner a la Argentina de pie es concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables, entre los vulnerables”, agregó.
Para la magíster en Ciencias Políticas, lo que requieren “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”.
“Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino y su aporte estratégico al crecimiento de la patria, por ello fueron ampliando la protección de los argentinos por nacer”.
A modo de ejemplo citó la reforma de la Constitución donde el expresidente, Carlos Menem, “resguardó el valor de la vida desde la concepción”; y a Néstor Kirchner, que rechazó el aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponerlo.
También mencionó a Cristina Fernández de Kirchner que incorporó el artículo 19 al Código Civil para proteger la vida desde la concepción y “otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación, y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los de los ya nacidos”, explicó Álvarez.
“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva y fue en equilibrio con los derechos de las madres”, jamás se planteó un argumento artificial como “el deseo de la madre puede explicar la eliminación de la vida del hijo que lleva en su vientre”.
La politóloga expresó que los peronistas “jamás olvidamos la prioridad de defender a los más débiles”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuajo nuestra identidad”.
“La vida de cada compatriota es única e irrepetible. Los argentinos no somos objetos para descartar. Legalizar que el futuro de la patria termine en una bolsa de residuos patogénicos sería un terrible fracaso como comunidad”.
“Jamás el aborto fue un reclamo del pueblo argentino, nos lo impusieron”, afirmó.
Si bien el presidente Alberto Fernández los convoco a “construir una cultura del encuentro” la negación de “condición de persona al niño por nacer, privarle el derecho a la vida por su condición, es un paso inmenso en la construcción de una sociedad deshumanizada. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, “podrá ser legal pero jamás será justo”, sostuvo Álvarez.
Asimismo, la cientista política aseguró que se debe avanzar en una agenda que acompañe que no descarte, “por ese camino encontrarán a toda una comunidad organizada, deseosa de trabajar codo a codo para cuidar, dignificar y defender la vida, todas las vidas”, concluyó.
A su turno, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “el orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”.
El abogado también respondió que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, explicó.
En esa misma línea, el doctor en Derecho y profesor de derecho constitucional de la UA, Santiago Alfonso, expresó que “el proyecto es gravemente inconstitucional y que debe ser rechazado” ya que “desconoce el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana, en el que se funda todo el sistema político y jurídico”.
“Cada persona, incluidas las por nacer, es un fin en sí mismo, un sujeto no un objeto, es alguien no meramente algo”. “Esa dignidad es igual y común para todos los seres humanos”. “No puede haber ciudadanos de segunda categoría, con una dignidad inferior y cuyos derechos esenciales no merezcan la misma protección”.
“Al desconocer la dignidad de la persona por nacer el proyecto desconoce en cierta medida la dignidad de todas las personas humanas”. “La dignidad es universal, común a todas las personas o no es dignidad humana”, explicó Alfonso.
También, la abogada Úrsula Basset, reafirmó que la Constitución “explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.
La declaración fue en respuesta a los dichos del abogado constitucionalista y es ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra quien sostuvo que los provida “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” comparándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida”.
Basset afirmó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir” sobre la base de la historia de una mujer que fue a praticarse un aborto de su quinto hijo a una provincia con protocolo de aborto.
La mujer al consultar sobre la adopción del bebé, le habrían respondido que era “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”.
A su turno, el miembro de la Academia Nacional de Medicina, Edgardo Young, recordó que con el aborto existe un daño físico y también “psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”.
En ese sentido, la abogada María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, expresó que el proyecto “no tiene en miras la protección de la salud de la mujer o la opción de rechazar la consecuencia de una violación o un abuso, por lo menos hasta la semana 14 nada de eso tiene la menor importancia”.
“Porque hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía. Hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar”.
De otro lado, Frank aseguró que el médico no objetor “se convierte en el mero ejecutor de un deseo de la mujer, si es que no quiere ser perseguido o quedarse sin trabajo en el mejor de los casos”.
En ese sentido, estaría en juego el criterio científico y médico en el caso “que decida no hacer un aborto porque cree que no es la mejor decisión desde un punto de vista sanitario. Es a ése a quien se amenaza en la media sanción con cárcel, multas, inhabilitaciones, con la aplicación de la ley 26.485 de violencia contra la mujer”, alertó.
En la jornada también se presentaron en contra del proyecto de muerte: el abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, Alfredo Vitolo; la socióloga especialista en temas de salud, María Elena Critto; la abogada e investigadora UCA-UBA, Débora Rainieri; y el abogado penalista, Alberto Bianchi.
El debate continua en el Senado durante este miércoles y mañana jueves, para en la tarde, firmar dictamen y sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.
Cabe recordar que en abril de 2018 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de despenalización del aborto, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.
Sin embargo, el 9 de agosto luego de un intenso debate, el Senado rechazó el proyecto por 38 votos contra 31, dos abstenciones y una ausencia.