Tegucigalpa – La preocupación por el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno, se extiende a los ahorrantes y a amplios grupos de población que se mantienen en alerta ante el potencial peligro  de que su  información bancaria llegue a manos equivocadas, en un país donde la extorsión y otras formas de inseguridad tienen alta incidencia.

Igualmente, alcaldes de los municipios donde operan empresas que se verían afectadas de aprobar el Congreso Nacional el proyecto tributario impulsado por la administración de la presidenta Xiomara Castro, advirtieron de lo “lapidario” que será este efecto para sus comunidades.

La reforma tributaria que el gobierno envió al Congreso Nacional destaca la eliminación de casi todos los regímenes que otorgan beneficios fiscales a las empresas y a la población por medio de las exoneraciones y las exenciones que reciben.

Seguridad, lo preocupante

Además de eliminar los beneficios fiscales, el proyecto también incursiona en otras áreas como establecer la renta mundial a fin de que las empresas y los inversionistas nacionales que operen en el exterior paguen de las ganancias obtenidas extraterritorialmente impuestos en el país.

Pero lo que ha disparado las alarmas en las organizaciones empresariales grandes, medianas y pequeñas es la propuesta gubernamental para que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) tenga acceso directo a la información del movimiento bancario y de los préstamos que tengan las empresas y las personas.

Una fuente empresarial consultada por Proceso Digital, que prefirió omitir su nombre, dijo que el secreto bancario está diseñado para proteger la intimidad de las personas y de las empresas y en Honduras es un tema muy delicado por la inseguridad que prevalece en el país.

“Se imagina un directorio o base de datos de empresas o personas en manos de grupos criminales como las maras, sería un filete para ellos porque allí salen todos los datos”, el temor es porque vivimos en un país donde el delito de la extorsión tiene una alta incidencia, por ello se debe tener una gran precaución, externó.

Ya existen los candados correspondientes para que esa información esté disponible, pero a través de las instituciones establecidas por la ley.

Se podría incrementar inseguridad

Lo que se plantea en la reforma tributaria, extralimita incluso las capacidades que tiene actualmente el Ministerio Público de poder acceder como ente investigador del Estado poniendo el Servicio de Administración de Rentas, como una súper institución, planteó el oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kafati.

Acceder a la base de datos del sistema financiero sin intermediarios y de forma directa violenta además los derechos del cuentahabiente, incluso los derechos del obligado tributario que necesita ser notificado de las investigaciones que se le están haciendo, agregó en entrevista a Proceso Digital.

También, señaló que “es importante mencionar que esta ley, en cuanto al secreto bancario se refiere, como está redactada podría incrementar los niveles de inseguridad, extorsión y secuestro del país porqué actualmente no se poseen los niveles de seguridad ni confidencialidad necesarios”.

Seguidamente planteó que el SAR, podría acceder a la información que desee sin restricción alguna, lo que podría tener varias implicaciones, lo que preocupa tanto como obligados tributarios y como sector privado en general.

“Nosotros creemos que es necesario modernizar o agilizar los procesos, pero no es a través de acceder a las bases directas del sistema financiero (…), y violentando los derechos del cuentahabiente”, dijo Kafati.

De su lado, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, dijo que “es importante que haya una información que sea obtenida únicamente por las autoridades, en este caso le corresponde a la autoridad tributaria, pero no puede ser sin ese requerimiento y sin salvaguardar la información, que en nuestro país, con la inseguridad que se vive, es necesario tener”, dijo.

Y es que el tema de la seguridad en Honduras es sumamente endeble, reiteró la ejecutiva empresarial, “para conocer la información financiera es necesario que exista una regulación en la ley y no pueda ser cualquier persona que la solicite”. 

Para el exvicepresidente de la CNBS, José Luis Moncada, el acceso a la información bancaria de parte del gobierno es una invasión a los derechos individuales, indicando que solo con orden judicial se debe abrir la puerta de la eliminación del secreto bancario, señalando que de pasar ese postulado “el gobierno controlará nuestras vidas”, según escribió en su cuenta de Twitter. 

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Gobierno pide tranquilidad

De la parte gubernamental, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, dijo que la medida de acceder a las cuentas bancarias no debe arrojar preocupación en la ciudadanía.

Sierra indicó que tanto la CNBS como el SAR establecerán protocolos para compartir la información únicamente por motivos tributarios e indicó que ellos mismos elaborarán los mecanismos de control.

Lo expuesto por el presidente de la CBS deja dudas en tanto se aplica el viejo postulado que no se puede ser juez y parte.

Efectos lapidarios

Por su lado el alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, se mostró preocupado por los efectos que pueda tener la reforma tributaria en las empresas.

Molina advirtió que en el caso de la Standard Fruit Company su partida “sería lapidaria” para el municipio y el valle del Aguán, ya que generan unos cinco mil empleos.

Igual preocupación ha manifestado el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien además de la reforma tributaria, también está inquieto por el impacto en su ciudad de la ruptura diplomática con Taiwán y la consiguiente cancelación del acuerdo comercial que protegía las exportaciones de camarones y melones ha dicho mercado.

La misma posición externaron los camaroneros, ya que Taiwán es su principal mercado y todavía no les han indicado donde colocarán su producción. 

CCJ NOTICIAS