Tegucigalpa – Personas de La Mosquitia que se dedican al buceo submarino exhortaron al Estado hondureño a dejar a un lado la indiferencia y que cumpla la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), en agosto del 2021, para no seguir poniendo en riesgo su vida, en una actividad que ha dejado más de 600 muertos y cerca de dos mil lisiados.
La Delegada Adjunta II del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Jennifer Matamoros propuso la instalación de una mesa de seguimiento, integrada por diversos sectores, para dar cumplimiento a todas las medidas que no haya adoptado el Estado, en el caso de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Lemoth Morris y otros versus Honduras.
Indicó que el Conadeh brindará un informe a la Corte IDH sobre el nivel de cumplimiento, del Estado hondureño, de cada una de las disposiciones de la sentencia.
Por su parte, el Delegado Nacional Ejecutivo del Conadeh, Wilfredo Castellanos expresó que la sentencia de la Corte IDH no sólo visibilizó el problema del pueblo misquito, sino que dio una gran herramienta al pueblo originario para hacer que prevalezcan sus derechos humanos.
El Asesor Regional para América Latica y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos, Álvaro Amaya destacó la importancia de avanzar hacia el propósito común que es continuar haciendo pesca por buceo sin que ello implique impactos en los derechos humanos.
El 31 de agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Lemoth Morris y otros versus Honduras, en la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de varios derechos en perjuicio de 42 misquitos que sufrieron accidentes de buceo mientras trabajaban para empresas privadas.
La Corte ordenó al Estado hondureño siete medidas de restitución y satisfacción que incluyen atención médica, becas educativas para las víctimas, los hijos, programas productivos para las víctimas, dotación de viviendas, entre otras.
Además, recomendó, al Estado, nueve medidas pecuniarias que incluyen, el pago de indemnizaciones, fortalecimiento de sistemas de salud, campañas de sensibilización, investigación de los hechos, garantizar el acceso a la justicia y la búsqueda de victimas desaparecidas.
Mar de preocupaciones
Pablo Padilla, miembro de la Asociación Misquita Hondureña de Buzos Lisiados, expresó su preocupación ya que siguen muriendo más personas que se dedican a esa actividad y que no tienen ni para comprar un ataúd.
“No queremos más muertos, no queremos más enfermedad” dijo Padilla quien lamentó que, al menos, 670 buzos han perdido la vida y que 1,876 estarían lisiados.
Indicó que el Estado les prometió salud, educación y capacitación pero que, no cumple con su deber y lo único que han recibido los buzos, hasta ahora, son mentiras.
Por su parte, Virginia Galindo exigió a las autoridades hondureñas que capaciten a los buzos que todavía caminan y que, pongan en orden, para que las empresas que se dedican a esa actividad ayuden a los buzos y que les respeten sus derechos porque también son seres humanos.
Indicó que son muchas las familias, en ese departamento, que están sufriendo por falta de trabajo, de alimentación y que, por esa necesidad, es que niños, jóvenes y adultos se van al mar para dedicarse a esa actividad ante el peligro que representa para ellos quedar lisiados y perder la vida.
El biólogo Jerry Haylock recordó que, desde hace más de cuatro décadas escucha las mismas quejas, los mismos malestares y que ya es tiempo que el Estado actúe y se haga un cambio.
Cómo es posible que haya empresas que manden a los hombres a bucear sin equipo, sin tanques de buceo, lo cual es lógico pensar que van a terminar lisiados por no utilizar el equipo adecuado, expresó.
Por su parte, el presidente de la organización Gemelos de Honduras, Israel Centeno recomendó que la administración del recurso marino, en la Costa Atlántica, esté a cargo de los pueblos originarios que al final son los que cuidan de la flora y la fauna de la zona.
Cuestionó que el Estado, encargado de garantizar el respeto a los derechos humanos, defienda a las grandes empresas marinas y descuide a los pueblos originarios que son los que realmente ejecutan el trabajo. “Ya basta que sigan pisoteando a los pueblos originarios”.
Un estudio del Conadeh reveló que, por la condición de precariedad económica, generalmente, los buzos afectados y sus familiares no tienen acceso a servicios adecuados de rehabilitación o de acceso a la justicia en la pretensión justa y legitima de buscar el resarcimiento de los daños.
Establece que, las condiciones de trabajo en la pesca de buceo de langosta están marcadas por relaciones laborales informales que facilitan que los derechos humanos de los buzos sean vulnerados.
Aunque no existen datos oficiales se estima que, de 1,500 buzos activos, cada año se accidentan unos 400 de los cuales mueren entre 15 o 20.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2005, reveló que el 37 % de las causas muerte, en Puerto Lempira, corresponden a accidentes de buceo.
CCJ NOTICIAS