Tegucigalpa – La Junta Proponente de candidatos para el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público deberá quedar conformada este lunes a la medianoche.
– Ya están definidos como integrantes de la Junta Proponente: Rebeca Ráquel Obando (la preside), Wagner Vallecillo (CSJ), Alejandro Hernández (CAH) y Blanca Izaguirre (Conadeh). Restan los representantes de la UNAH, universidades privadas y Sociedad Civil.
– Se busca un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto para el período 2023-2028.
– Actores legislativos aseguran que se pretende crear la figura de otro Fiscal Adjunto para que haya una institución con tres cabezas para igual número de fuerzas políticas mayoritarias.
Una de las críticas al proceso de selección de aspirantes a dirigir la Fiscalía hondureña, es que se contará con un corto tiempo ya que las actuales autoridades vacan en sus cargos el 1 de septiembre, es decir dentro de 98 días.
Desafortunadamente no hubo una etapa preparatoria para la Junta Proponente, que debió ser algo similar a la Junta Nominadora, que estuvo a cargo de la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuestionan líderes de sociedad civil.
El tiempo puede ser corto ya que la convocatoria se hizo al límite y falta todo el proceso de conformación de la Junta Proponente, y por otra parte preocupa “la pérdida de confianza en este tipo de procesos ya que, en la elección de la CSJ, al final se puso a quienes tenían cuello político y no las personas que eran mejor calificadas”, expresó recién la diputada Fátima Mena.
La presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Ráquel Obando, hizo la convocatoria el pasado 8 de mayo y de acuerdo al cronograma las acreditaciones, a cada uno de los representantes, deberán enviarse a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), antes de la medianoche de hoy lunes 22 de mayo de 2023.
“De parte de las personas que lleguemos a conformar la Junta Proponente para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, debe superar el proceso que se llevó a cabo para la elección de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que la ciudadanía experimente una mayor confianza en sus instituciones, se mejore la gestión en la lucha contra la criminalidad y el acceso a la justicia, en esta nueva realidad de recuperación del Estado Constitucional de Derecho”, dijo la también titular de la CSJ.
Ya están definidos cuatro de los siete integrantes: Rebeca Ráquel Obando (preside la Junta Proponente), Alejandro Hernández (Colegio de Abogados), Blanca Izaguirre (Comisionado Nacional de Derechos Humanos) y Wagner Vallecillo (electo por el pleno de la CSJ). Aún restan por definirse los representantes: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), universidades privadas y la Sociedad Civil, éste últimos tres se definen este lunes.
En la convocatoria de los representantes para la Junta Proponente, se dejó claro que dichos profesionales no deben tener investigaciones ni procesos en curso por violaciones de Derechos Humanos, delitos contra la Administración Pública, delitos de Lavado de Activos y Narcotráfico en cualquiera de sus tipologías, asimismo que no hayan recibido sanciones de sus Colegios Profesionales o Tribunales de Honor; que sean personas que no tengan participación como miembros directivos de partidos políticos u ostenten cargos públicos de elección directa.
Igualmente, los proponentes en el caso que haber tenido contratos con el Estado, los mismos no hayan sido incumplidos o, actualmente, no estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado. Asimismo, que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Presidenta de la República y los designados a la Presidencia, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la Administración Pública, Magistrados del Supremo y del actual Fiscal General.
Se pretende un tercer fiscal
Los propios actores legislativos se han encargado de revelar que existen, incluso acuerdos políticos, para crear la figura de un segundo Fiscal Adjunto.
“Tómenme la palabra, van a reformar la Constitución para que se admita otro Fiscal Adjunto para que este sea para el Partido Nacional”, expresó el diputado oficialista, Manuel Rodríguez.
Es parte de un acuerdo político para que el Fiscal General sea del Partido Liberal y el Fiscal Adjunto le corresponda al Partido Libre, pero también se va a nombrar otro Fiscal Adjunto porque el Partido Nacional, no puede quedarse fuera de esas negociaciones, explicó.
El congresista Rodríguez se disparó la semana anterior al afirmar que las negociaciones se podrían venir abajo porque los liberales no quieren ratificar el acta sobre la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF).
Reveló que el Fiscal General ya estaba negociado para que lo nombrara la institución partidaria más antigua de Honduras y específicamente fuera puesto por el titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, quien negó las componendas.
“Serían ineptos los de Libre ceder la Fiscalía General, cuando están a punto de tenerla y es parte de sus objetivos principales, es claro que ellos tienen una intención muy definida de controlar todos los operadores de justicia y jamás van a ceder la Fiscalía General”, dijo el expresidenciable.
Rosenthal anunció que en adelante no se referirá al tema de la elección de las cabezas del Ministerio Público, ya que tiene conflicto de intereses, porque la Fiscalía continúa con juicios en sus contra e intentando quitarle sus bienes.
Canales generó suspicacias
Recién la semana anterior, el presidenta del CAH, Rafael Canales anunció su retiro del proceso de selección de aspirantes desde la Junta Proponente. El representante de los abogados dijo que no se prestaría a una farsa más y que las componendas ya estaban dadas.
Mencionó que no sería parte, ni como integrante de la Junta Proponente y tampoco como aspirante al cargo de Fiscal General.
“Yo abandono, no voy a estar en el proceso de selección porque ya hay componendas políticas, había una línea de sacarme a mí porque no le convenía que fuera miembro de la Junta Proponente”, denunció.
Reveló que “consideraron que yo era un obstáculo para una persona que la quieren poner de Fiscal, hay dos propuestas y no quieren que vaya a perjudicarlos”.
Muy molesto externó: “No soy payaso de nadie, voy a defender al colegio (de abogados), no avalo este proceso, me parece indignante y no participaré en este tipo de show. Me retiro humildemente, sé que tendré un costo, pero tengo cosas más importantes qué hacer”.
Canales no ocultó su filiación política en el Partido Liberal, al tiempo que se atrevió a mencionar a Yani Rosenthal de estar detrás de la conspiración en su contra.
Según sus aseveraciones, le comentaron que mejor se apartara porque estaba perjudicando al abogado Mario Urquía, a quien considera amigo del empresario Yani Rosenthal.
Urquía -además- presidió la Junta Nominadora de candidatos a los cargos de magistrados de la CSJ. Es un alto dirigente del Partido Libre y según Canales, amigo personal de Rosenthal.
Mi pecado fue señalar que Mario Urquía no puede ser candidato, es decir, que la ley no lo permite por ser funcionario, expresó Canales. Finalmente, el Colegio de Abogados designó a Alejandro Hernández como su representante ante la Junta Proponente.
Sector privado pide no exista manipulación
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, manifestó que espera que la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público (MP) no sea manipulada.
“Esperamos que no haya manipulación ni abusos en la selección y elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, es importante que prevalezca el estado de derecho, estamos cansados ya que vimos que el gobierno anterior tuvo un control casi absoluto de los diferentes poderes y la parte fiscal y vimos los resultados”, declaró el directivo empresarial.
En medio de este proceso el sector privado ha salido al paso para solicitar que tanto el proceso como la elección no sean manipuladas por conveniencia política.
Con base en lo anterior, Larach manifestó ya no querer más de lo mismo en torno a la selección y elección de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Proceso participativo y transparente
La abogada Kenia Oliva, en representación de la sociedad civil hondureña, abogó por una elección transparente y participativa del próximo Fiscal General y su adjunto para los subsiguientes cinco años.
Dijo que espera que los diputados del Congreso Nacional cumplan el mandato que les dio el pueblo y garanticen una elección transparente del próximo Fiscal General y su Adjunto.
“Esperamos que el proceso de elección de una persona que dirige a una institución tan importante del país, sea transparente, que sea participativo para las organizaciones de sociedad civil y todo el que cumpla los requisitos se postule al cargo”, señaló.
La abogada Oliva anotó que espera que el proceso sea muy parecido al que recién se llevó a cabo para elegir al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Recordó que la participación ciudadana permite hacer denuncias contra aspirantes al cargo que no cumplan con los requisitos de idoneidad.
Esperamos que el Congreso Nacional -prosiguió- busque un mecanismo transparente para fortalecer la democracia y el estado de derecho.
Hizo un llamado a todos los hondureños para que sigan de cerca el proceso de las próximas cabezas de la Fiscalía General.
CCJ NOTICIAS