En el fuego cruzado que se tiene el sindicato con las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) ha salido a relucir el verdadero trasfondo de la huelga: Un sindicato defendiendo un contrato colectivo leonino con beneficios increíbles, nepotismo, plazas heredadas a familiares y jugosos salarios a sindicalistas sin trabajar. Y en el otro extremo, las autoridades patronales queriendo llenar de activistas del partido de gobierno.
Así lo revela una documentación divulgada en las redes sociales como parte de la confrontación entre el director, Fredis Cerrato y la dirigencia sindical, que mantiene tomadas las instalaciones a nivel nacional desde el 18 de mayo, precisamente exigiendo mejoras del referido contrato colectivo.
Cerrato se niega a cumplir las exigencias de esta normativa vigente y los sindicalistas lo acusan de restarles sus beneficios para cumplir las cuotas de empleomanía que le exige el partido de gobierno. En todo caso, los perdedores son, hasta el momento, los cientos de estudiantes, cuyas actividades académicas están paralizadas. La semana pasada, colectivos del partido de gobierno (Libre) intentaron derrumbar el portón de la sede principal en Tegucigalpa para desalojar a los sindicalistas, pero la intervención de la Policía se los impidió. Las tomas continuarán esta semana sin probabilidades de llegar a un acuerdo por la radicalización política de las partes.
La parte patronal se ha ido en contra del presidente del sindicato, Esteban Antolín Díaz, acusándolo de ser activista del presidente del opositor Partido Nacional, David Chávez y de ser complaciente con este cuando dirigió la institución en una etapa de los 12 años de gobiernos nacionalistas.
Aseguran que gana más de 100 mil lempiras sin trabajar en las últimas dos décadas, pues, está dedicado estrictamente a labores sindicales. Con todos los salarios por bonos, vacaciones y viáticos, este sindicalista suma más de dos millones de lempiras al año, lo que un simple trabajador mortal con salario mínimo tardaría más de 40 años en ganar.
En un desglose de sus ingresos, publicado por sus detractores en las redes sociales y ratificados por el director Cerrato, Díaz devenga anualmente 1.4 millones de lempiras, 118 mil como décimo tercer salario y 117 mil como aguinaldo. Asimismo, recibe 187 mil en vacaciones, un bono educativo de 3,500 lempiras, un bono como salario de 91 mil lempiras en marzo y otro de 100 mil en septiembre. Adicionalmente, 3,500 por aros y cinco mil por lentes; 6,900 por gastos médicos y odontológicos; un seguro de vida por accidente de 6,432, otros similar de vida y otro de 10 mil por muerte. Y si un día lo despiden del trabajo, le tienen que pagar el 100 por ciento de sus prestaciones laborales, además de estar exento del Impuesto Sobre la Renta.
Le suman, además, una demanda de ocho millones de lempiras que le ganó a la misma institución, precisamente, cuando Chávez era director. A parte de consentir otros beneficios para el resto de la directiva sindical como la contratación de padres, hijos, matrimonios, primos y todo tipo de familiares. Una de las características de este contrato colectivo, como las otras dependencias estatales, es que las plazas pueden ser heredadas a un hijo en caso de muerte del trabajador. Estas son las razones que los sindicalistas defienden a capa y espada, según sus detractores.
En su defensa, Díaz le ha restado importancia a estas denuncias aduciendo que forman parte de la persecución política en su contra y del resto de la dirigencia de parte del director Cerrato.
Según el dirigente sindical, el actual director “está llenando de activistas de Libre sin tener la experiencia ni el conocimiento para los cargos”.
Hasta el momento, son 198 personas contratadas por el director a quien calificó de incapaz y por eso fue descalificado cuando se postuló para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
CCJ NOTICIAS