En las primeras audiencias públicas relacionadas a la socialización del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, que impulsa la Comisión Legislativa Especial, fueron más las coincidencias con la normativa que quizás las desavenencias.

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, fue la primera organización de sociedad civil que compareció por más de horas ante la comisión dictaminadora de la iniciativa.

El director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett, tras entregar un documento con sugerencia a incluir en la normativa, expuso que la Ley de Justicia Tributaria, debe incluir estándares orientados de disminuir cualquier calificativo que pueda haber sobre Honduras de “paraíso fiscal”.

En cuanto al tema del secreto bancario consideró que sí debe haber acceso a la información sobre el ramo, pero con garantías de protección del dato, como ocurre en la mayor parte de países del mundo.

ESTRATEGIA DE DESARRROLLO

El Colegio Hondureño de Economista (CHE), que preside Amparo Canales, al comparecer en audiencia pública ante la comisión dictaminadora, en principio demando que la Ley de Justicia Tributaria debe ser una estrategia de desarrollo para el país.

“Como Colegio Hondureño de Economistas hemos analizado la propuesta de ley y reconocemos que se requiere cambios en el sistema tributario y revertir el enfoque regresivo es un enfoque de progresividad y ese es un elemento que está contenido en la Ley”, expuso.

Por ende, la Ley de Justicia Tributaria, debe ser parte de la estrategia de desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo; y orientarse al cambio de un modelo económico hacia uno que genere crecimiento, que “aumente la productividad y competitividad”.

También, resaltó que la Ley de Justicia contempla algunos elementos claves que se orientan hacia el proceso de promover la innovación, investigación, inversión y desarrollo tecnológico.

“Pero en principio es que debemos pagar los impuestos que nos corresponden, pero debe buscarse generar los motores de crecimiento porque hasta ahora han sido insuficientes para reducir la pobreza y generar más bienestar; por lo que la política fiscal debe ser el medio y no el fin de la política pública”.

En relación a los incentivos fiscales, expuso que estos deben promover el crecimiento económico, empleo, la productividad, pero también se tiene que racionalizar el gasto público.

Sobre las exoneraciones, comentó que son una parte de la política fiscal, y para lograr un sistema tributario progresivo se debe avanzar en la revisión de los gravámenes sobre la renta y la riqueza, porque esos son aspectos que no se tocan y deben ser parte de todo este proceso, dijo.

CAMPAÑÁS DE DESINFORMACIÓN

El presidente de la comisión de dictamen, Hugo Noé Pino, al iniciar la jornada, dejó claro que el principal objetivo de las audiencias públicas el de informar verazmente el contenido del proyecto y escuchar los diferentes aportes de todos los sectores, pero sobre todo desmintiendo campañas de desinformación.

Como primeros puntos a aclarar, Pino aseguró nuevamente que no existe en ningún articulado del proyecto de ley, algo que le ponga algún tipo de impuesto a las remesas.

“Esta es una franca tergiversación, es una campaña de desinformación. Como ya lo ha explicado las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR), las remesas son una donación por lo tanto no se le aplica el Impuesto Sobre la Renta (ISV)”, aclaró.

El segundo punto, sobre el tema del Secreto Bancario, “se ha llegado al extremo de creer que un ciudadano común y corriente puede ir a un banco a preguntar cuanto tiene el vecino en su cuenta y ese es un espíritu totalmente equivocado al proyecto de ley”.

“Pero se creará un protocolo, junto a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que protegerá los datos de la información financiera. Otro que permitirá al SAR acceder a información sospechosa de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito”.

Con respecto a la adopción de principios de renta mundial, que incluye la Ley de Justicia Tributaria, en principio recalcó que no va orientada a gravar las remesas, “pero nos parece apropiado las preocupaciones del Fosdeh y del CHE que deben generarse y crear las condiciones en la normativa que evite la doble imposición, porque esto vendría a tener repercusiones, en que las empresas decidan mantener sus utilidades, reinvertirlas o no traerlas al país”, puntualizó.

CCJ NOTICIAS