El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lamentó las constantes invasiones de tierras a vista y paciencia de autoridades en una problemática que aleja la inversión que tanto se necesita para el desarrollo económico, fuentes de empleos y de divisas.
Según el asesor legal de la cúpula empresarial, Gustavo Solórzano, las empresas compran extensiones de tierra, invierten, las vuelven productivas, pero grupos organizados de delincuentes las invaden para aprovecharse de lo que ya se ha invertido ahí.
“Este es un tema al cual hay que darle solución. Ya hemos hecho la advertencia al Ministerio Público, a los Tribunales de Justicia, no hemos tenido mayores respuestas por parte de ellos, se han hecho reformas, incluso, para penalizar o volver un delito, que es el tema de la usurpación de las tierras y todavía no se hace nada por parte de las autoridades”, demandó.
La fuente económica adelantó que esperan tener conversaciones con otras entidades internacionales o agencias de las Naciones Unidas para encontrar una solución real a esto, sabemos que aquí hay temas de derechos humanos, pero igual derecho humano es el derecho a la propiedad privada y eso no lo pueden desconocer.
“El no dar una solución a este tema de las usurpaciones trae las consecuencias que se presentaron en las últimas semanas, que lamentablemente son enfrentamientos y hemos tenido la pérdida de vidas humanas, que es lo más grave que puede existir”, expuso.
El no sancionar a las personas que usurpan tierras es impunidad y la impunidad lo único que hace es promover que otros hagan lo mismo. “Hacemos el llamado enérgico, fuerte, al Ministerio Público, que dé la cara, que informe qué es lo que está ocurriendo con estos casos, de igual manera al Poder Judicial, que le den celeridad a este tipo de procesos. Eso lo que hace es mostrar la debilidad institucional del Estado”, insistió.
HÉCTOR CASTRO
“Atentan contra la vida, seguridad jurídica y la paz”
El presidente de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras (AIPAH) Héctor Castro, denunció que el fenómeno delincuencial que se vive en el Bajo Aguán en el departamento de Colón, atenta contra la vida de las personas, seguridad jurídica y paz social en el departamento y en el país.
“Este problema se torna cada vez más riesgoso, desde año pasado se registran 57 muertos y 173 heridos, si el Estado, autoridades judiciales, policía y militares no intervienen esto se pondrá más complejo”, advirtió. Productores de palma africana emitieron su preocupación con un llamado de alerta ante la toma de 7,000 hectáreas cultivadas en 14 fincas por parte de grupos armados peligrosos, justo cuando marcaba el despegue económico con nuevas inversiones, empleos y divisas.
“Esperamos que las autoridades que están por salir y las nuevas que están por llegar le den la mayor atención a este problema y lo corrijan”, insistió Castro, al referir que
“se mandan señales confusas de irrespeto a las leyes de que se puede delinquir, matar. Coaccionar, secuestrar y extorsionar a la vista y paciencia de las autoridades”.
CCJ NOTICIAS