COMAYAGUA. Los habitantes de la colonia 25 de Octubre, de Comayagua, llegaron a las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP), a denunciar al secretario general, Tirso Ulloa, por estafa y múltiples atropellos a más de 600 personas.
En inspectoría del Instituto de la Propiedad, la presidenta del IP, María Mártir Hernández, denunció las estafas a que han estado sometidos por 14 años de parte de Tirso Ulloa y ahora ocupa su puesto para amenazarlos, si no le entregan más dinero o les quita sus propiedades.
Hernández dijo que “como parte de la junta directiva no aguantamos los atropellos de Tirso Ulloa, quien en un tiempo fungió como apoderado legal, pero más bien ocupó esa nominación para mantenerlos engañados, sacándoles dinero en cada momento”.
“Ahora miente, que va sacar la expropiación y nos va a dar títulos sin mesa de regularización.
Es un proceso que se lleva. Nos sigue engañando”.
“Desde octubre del año pasado esperábamos los papeles. Y lo que recibimos fue una impugnación”.
Recordó que “desde el 2010 nos impugnó una mesa de conciliación. Se ha esforzado, para que esta tierra no sea expropiada. A la esposa del presidente la sacaron de licenciada del dinero de la colonia 25 de Octubre”.
“Le pedimos, dijo, a la Presidente Xiomara Castro, que recapacite, pues ha nombrado a las peores personas, que solo nos han venido a estafar”.
Mientras que Ana Dilcia Orellana, vecina de la colonia 25 de Octubre, dijo que Tirso Ulloa los llenó de mentiras con el objeto de estafarlos, para ello recordó que en el 2007 le dio una cuenta bancaria a los pobladores para que le depositaran 800 lempiras y en dos meses no hizo nada”.
“La estafa está en el IP, dijo, y aseguró que el 29 de mayo fue en representación del IP, anunciando que ya vienen los títulos. Que no era necesaria la expropiación, porque estamos en el poder, dijo, pidiendo más dinero para entregarles los títulos”.
ACUERDOS
Por su parte, el secretario general, Tirso Ulloa, manifestó que “en efecto fui apoderado legal de la colonia 25 de Octubre, de la ciudad de Comayagua desde el 2009, hasta el 21 de octubre del año 2021, ya que los compañeros de mutuo acuerdo conmigo y ante la presión de trabajo, decidieron contratar otro abogado”.
“Les cobre 800 lempiras por socio de 200 personas, por esa cantidad se les saco del proceso de titulación y se les tramitó su personalidad jurídica (PJ)”.
Abundó que “Marco Antonio Baday, a través de una confederación de patronatos que maneja desde hace 20 años al servicio del Partido Nacional, creó una paralela a ese patronato que yo dirigía. Yo me quede con el grupo legal y el desde ese momento ha tratado de manipular los procesos incluso desde engañarlos con falsas mediciones, por los que le sacó 5,000 a cada colono”.
“Estos pobladores, la señora Mártir ni siquiera la conozco. Nunca ha trabajado con el patronato legal que yo represento”.
CCJ NOTICIAS