La Comisión Vaticana COVID 19 hizo pública una Nota en la que señala que existe “la responsabilidad moral de vacunarse” contra la COVID 19 en cuanto sea posible, ya que el rechazo a la vacuna puede suponer “un riesgo para la salud de otros”.
En la Nota, emitida este martes 29 de diciembre junto con la Pontificia Academia para la Vida, se recuerda que el Papa Francisco afirmó en varias ocasiones “la necesidad de lograr que las inminentes vacunas contra el Covid-19 estén disponibles y sean accesibles para todos”, especialmente “para los más vulnerables y necesitados”.
Además, se subraya el llamamiento del Santo Padre a apoyar a aquellas empresas farmacéuticas que “contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación”.
Asimismo, se presentan una serie de “implicaciones éticas que deben ser consideradas a la hora de tomar las decisiones políticas (económicas), de organización y de comunicación necesarias” en el proceso de vacunación.
En primer lugar, aborda el problema del uso de “material biológico procedente de fetos abortados voluntariamente” en algunas de las vacunas “cercanas a la aprobación”.
El documento señala que “la finalidad de la salud (pública) no puede justificar el aborto voluntario para obtener material celular para la producción de vacunas”, sin embargo, recuerda que la Instrucción Dignitas Personae de la Congregación para la Doctrina de la Fe establece que “razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese ‘material biológico’”.
Se aboga por la “responsabilidad moral de vacunarse”, “puesto que el rechazo de la vacuna puede también constituir un riesgo para los otros”.
Esta “responsabilidad moral” “es válido inclusive cuando, en ausencia de una alternativa, la motivación para el rechazo fuese la de evitar beneficiarse de los resultados de un aborto voluntario”.
En ese sentido, se remite de nuevo a lo dictaminado por la Congregación para la Doctrina de la Fe que señala que “en determinadas condiciones sea ‘moralmente aceptable utilizar las vacunas anti-Covid-19 que hayan usado linajes celulares provenientes de fetos abortados en su proceso de investigación y producción’”.
“Se trata aquí de una cooperación material pasiva (y no formal), ya que es indirecta y remota, y dada la intención que subyace a la elección, la contingencia con respecto al hecho imputado, y las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. Por lo tanto, los criterios que harían de la decisión de vacunarse éticamente ilícita no son vinculantes. Consecuentemente, el rechazo de la vacunación podría aumentar seriamente los riesgos para la salud pública”.
También se señala que la Pontificia Academia para la Vida, en una Nota del 31 de julio de 2017, indica que “creemos que se pueden aplicar todas las vacunas clínicamente recomendadas con la conciencia clara de que recurrir a dichas vacunas no significa una especie de cooperación con el aborto voluntario”.
“Si bien nos comprometemos conjuntamente a garantizar que ninguna vacuna emplee material biológico procurado de abortos voluntarios para su preparación, reiteramos la responsabilidad moral de vacunarse, para que los niños y la población en general no corran graves riesgos para la salud”, se indicaba en dicha nota.
En la presente Nota se trata también el tema de las patentes. Se señala que, aunque la vacuna es “un invento producido por el ingenio humano”, y por lo tanto se puede someter “a la disciplina económica, lo cual permitiría compensar los costos de la investigación y el riesgo que han asumido las empresas”, debe ser un “bien común”.
“Dada su función, la vacuna debe ser vista como un bien al que todos tengan acceso, sin discriminaciones”.
Se especifica que “el objetivo de la explotación comercial como único criterio no es éticamente aceptable en el ámbito de la medicina y la atención sanitaria” y se indica que “la producción industrial de la vacuna podría volverse una ocasión para una colaboración entre Estados, empresas farmacéuticas y otras organizaciones, para que pueda llevarse a cabo simultáneamente en distintas partes del mundo”.
En cuanto a la administración y acceso a la vacuna, se destaca el “amplio consenso” según la cual debe darse prioridad “a las categorías profesionales que prestan servicios de interés común, particularmente el personal sanitario, como también aquellas actividades que requieren contacto con el público para brindar servicios esenciales (como la escuela y la seguridad pública) a los grupos sociales más vulnerables (como ancianos y enfermos con determinadas patologías)”.
Sin embargo, se señala también que se trata de un criterio que “no puede aplicarse a todas las situaciones”.
También se insiste en que se debe evitar que “la compra a gran escala de vacunas por parte de países ricos demore el acceso al producto de otros países con menos recursos”. Se trata “de acordar el porcentaje específico sobre el cual se pueda proceder”.
En la Nota se incluyen también una serie de líneas guía para “obtener una vacuna segura y eficaz contra el Covid-19 de modo que el tratamiento esté disponible para todos”.
Esas líneas guía incluyen la necesidad de que la Comisión Vaticana COVID 19 colabore “estrechamente con las principales organizaciones que están desarrollando, evaluando, suministrando y administrando vacunas con la posibilidad, según la necesidad, de expresar opiniones acerca de las posiciones públicas sobre la calidad/equidad de propuestas para la distribución y utilización”.
La Comisión también trabajará “estrechamente con las Diócesis y las comunidades cristianas alrededor del mundo para comprender las distintas exigencias y utilizar estas informaciones para elaborar propuestas sólidas, recomendaciones y herramientas apropiadas para responder a las diversas necesidades”.
También pretende “mantener una estrecha colaboración con diversas organizaciones a fin de contribuir con la planificación, ejecución y evaluación de las recomendaciones para la administración de vacunas en todo el mundo”.
Otro objetivo es unir fuerzas, para lo cual se buscará “colaborar de manera fructífera con los diversos grupos de trabajo de la Comisión y otros grupos eclesiales para elaborar las mejores propuestas posibles para los pueblos”.
La Comisión se marca, asimismo, como objetivo “profundizar la competencia y comprensión de la Iglesia en sus esfuerzos para proteger y promover la dignidad que Dios nos ha dado a todos”.
Por último, la Comisión ayudará “a lograr el objetivo de la distribución equitativa de las vacunas y la atención médica”, y lograr “que las vacunas y la atención de calidad estén disponibles para nuestra familia mundial, especialmente para las personas vulnerables”.