El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) continuó ayer el proceso de análisis, con diversos sectores de la sociedad hondureña, para identificar el posible impacto que puede generar en los derechos humanos de los ciudadanos, la aprobación de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria.
El ente estatal de derechos humanos estaría emitiendo, en las próximas horas, una serie de recomendaciones al Poder Legislativo, con el propósito de evitar posibles violaciones a la Constitución de la República, los convenios y tratados ratificados por Honduras, en materia de derechos humanos.
El Conadeh consideró oportuno presentar, ante las autoridades nacionales competentes, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que resulten necesarias para el cumplimiento del ordenamiento jurídico. De esta manera se aseguraría que la eventual reforma tributaria sea acorde con el contenido de los tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por Honduras.
EQUILIBRIO DE DERECHOS
El propósito del Conadeh es que se forme una convicción jurídica justa y adecuada al contexto nacional, en el sentido de garantizar un equilibrio del derecho de las partes interesadas en la medida de las diferentes necesidades, para que sus derechos sean satisfechos por parte del Estado, en el marco de sus obligaciones internacionales.
El 27 y 28 de marzo, el equipo de la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario del Conadeh inició un primer acercamiento con representantes de la sociedad civil, de academia y del sector privado, con el propósito de conocer las diferentes opiniones acerca del proyecto de Reforma Tributaria.
En las últimas horas se reunió con representantes del Colegio de Economistas y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales.
Con base en lo establecido en el artículo 57 del Código Tributario, la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario, fue creada por el Conadeh, en el 2018, para velar por los derechos de los obligados tributarios, ante las autoridades tributarias y aduaneras.
CONTENIDO DEL PROYECTO
El 8 de marzo del 2023, el Poder Ejecutivo hizo público el contenido del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria con el propósito de “promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración”.
De acuerdo con la información disponible, la adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años.
Además, se estarían derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
También crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta de territorial a mundial, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Asimismo, eliminar el secreto bancario para fines tributarios, introducido en el nuevo Código Tributario.
Hasta ahora, algunos sectores como la empresa privada, se manifestaron en contra, por lo cual se ha generado un debate entre diversos actores sobre las posibles consecuencias que se puedan suscitar en cuanto a un impacto en la economía del país, en particular sobre los grupos en condición o situación de vulnerabilidad.
DATOS
Consultado sobre el secreto bancario, el economista Julio Raudales expresó que es una prerrogativa del gobierno invadir los espacios privados de las personas cuando se considera que es para fomentar el bien común. “Evidentemente, lo que hay que valorar es, qué tanto va afectar la llegada de nueva inversión en el país”, preguntó.
CCJ NOTICIAS