Varios líderes de la Iglesia Católica firman la Declaración de los Obispos que exige a los Estados que detengan urgentemente el abuso corporativo en curso mediante la introducción de legislación vinculante para regular sus actividades y hacerlas responsables por ley. La declaración permanecerá abierta para recoger aún más firmas.
Más de 110 obispos de los cinco continentes han firmado un comunicado, publicado hoy a través de la CIDSE – una red católica de solidaridad que incluye a muchas ONG de todo el mundo – en el que hacen un llamamiento a los Estados para que pongan fin urgentemente a los abusos infligidos por las multinacionales, introduciendo legislación vinculante a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional y regional, para regular sus actividades, para que sigan los valores de la dignidad y la justicia y para que respeten los derechos de las personas y el medio ambiente.
Sin una legislación adecuada -dicen los obispos- no se impedirá a las empresas transnacionales llevar a cabo evasión fiscal, abusar de los derechos humanos, infringir las leyes laborales y destruir ecosistemas enteros. Especialmente ahora, cuando la crisis generada por la propagación de la pandemia de coronavirus «ha agravado la situación, principalmente en detrimento de las comunidades más vulnerables que ya carecían de protección social». «Esta pandemia» – subrayan los prelados – «ha puesto al descubierto nuestra interdependencia y ha desatado el caos en las cadenas mundiales de suministro que unen las fábricas a través de las fronteras, mostrando nuestra dependencia de trabajadores vulnerables que realizan un trabajo esencial en todo el mundo».
La declaración, en la que se acogía con satisfacción el anuncio del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, de la elaboración de una «legislación de la UE sobre derechos humanos obligatorios y la debida diligencia ambiental para las empresas», así como una contribución «al Acuerdo Verde Europeo y al plan de recuperación de la UE posterior a la Conferencia de Copenhague», alentó finalmente a las Naciones Unidas a hacer lo mismo y a elaborar un Tratado sobre los derechos humanos y las empresas. Dicha declaración, fue firmada por varios líderes de la iglesia de países como India, Myanmar, Uganda y Colombia, donde las comunidades se han visto afectadas por las acciones irresponsables de las empresas transnacionales. Al mismo tiempo, muchos obispos de Europa (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Países Bajos) también agregaron sus firmas, enviando un fuerte mensaje de que Europa debería asumir su responsabilidad.