Covid-19. Obispos: Pueblos de la Amazonía exigen especial atención de las autoridades

Los 67 obispos de la Amazonía brasileña han lanzado este 4 de mayo un llamamiento apremiante a la Iglesia y a toda la Sociedad, para que las mismas exijan “medidas urgentes del Gobierno Federal, del Congreso Nacional, de los gobiernos estatales y las Asambleas Legislativas” en relación a numerosas urgencias.

“Los pueblos de la Amazonía exigen especial atención de las autoridades para que sus vidas no sean violadas”. “Además de los pueblos del bosque, las poblaciones urbanas, especialmente en las periferias, están expuestas y sus condiciones de vida se degradan aún más por la falta de saneamiento básico, vivienda, alimentación y empleo. Son migrantes, refugiados, pueblos indígenas urbanos, trabajadores industriales, trabajadoras domésticas, personas que viven del trabajo informal y que piden protección de la salud. Es obligación del Estado garantizar los derechos establecidos en la Constitución Federal ofreciendo condiciones mínimas para que puedan superar este grave momento”: los obispos de la Amazonía brasileña en un mensaje en el que se refieren a la problemática de los pueblos y del bosque en este tiempo de pandemia de Covid-19, emiten un comunicado en el que manifiestan, entre otras cosas, su gran preocupación por el aumento de la violencia en el campo y por la militarización de la Comisión Nacional para la Amazonía. En la nota piden a la Iglesia y a toda la Sociedad que exijan “medidas urgentes del Gobierno Federal, del Congreso Nacional, de los gobiernos estatales y las Asambleas Legislativas.

Salvar vidas humanas, reconstruir comunidades y relaciones fortaleciendo las políticas públicas, especialmente el Sistema Único de Salud: es el primer punto de la exhortación que hacen los obispos, en el que además piden “rechazar discursos que descalifiquen y desacrediten la efectividad de las estrategias científicas”, “adoptar medidas restrictivas para la entrada de personas en todos los territorios indígenas, debido al riesgo de transmisión del nuevo coronavirus”; “realizar pruebas en la población indígena para adoptar las medidas de aislamiento necesarias y prevenir la propagación del COVID-19”; “proporcionar el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en una cantidad adecuada y con las instrucciones correctas de uso y descarte”; “proteger a los profesionales de la salud que trabajan en los frentes de salud de los pueblos, acompañándolos también en sus debilidades psicológicas y físicas”.

Los prelados, además, piden exigir la garantía de la “seguridad” alimentaria, el fortalecimiento de las medidas de inspección contra la deforestación, la minería y la minería de oro; y la participación de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes de las poblaciones tradicionales en espacios de deliberaciones políticas.

Por otra parte, exigen la deroga de un decreto relativo a la Comisión para la Amazonía, y de una instrucción normativa que permite la invasión, explotación y comercialización en tierras indígenas.  

A continuación el contenido de la nota distribuida en diferentes idiomas:

Nosotros, obispos de la Amazonía, ante el avance incontrolado del COVID-19 en Brasil, especialmente en la Amazonía, expresamos nuestra inmensa preocupación y exigimos una mayor atención de los gobiernos federales y estatales a esta enfermedad que se está extendiendo cada vez más en esta región. Los pueblos de la Amazonía exigen especial atención de las autoridades para que sus vidas no sean violadas. La tasa de mortalidad es una de las más altas del país y la sociedad ya está presenciando el colapso de los sistemas de salud en las principales ciudades, como Manaos y Belém. Las estadísticas proporcionadas por los medios de comunicación no se corresponden con la realidad. Las pruebas son insuficientes para conocer la expansión real del virus. Muchas personas con síntomas evidentes de la enfermedad mueren en casa sin asistencia médica y sin acceso a un hospital.

Frente a este escenario de pandemia, corresponde a las autoridades públicas implementar estrategias de atención responsable para los sectores de población más vulnerables. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras comunidades tradicionales corren un gran riesgo, que también se extiende al bosque, dado el importante papel de estas comunidades en su conservación.

Los datos son alarmantes: la región tiene la proporción más baja de hospitales en el país, con baja y alta complejidad (solo 10%). Grandes áreas del territorio amazónico no cuentan con camas de UCI y solo unos pocos municipios cumplen con los requisitos mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en número de camas y UCIs por habitante (10 camas de UCI por cada 100 mil usuarios).

Además de los pueblos del bosque, las poblaciones urbanas, especialmente en las periferias, están expuestas y sus condiciones de vida se degradan aún más por la falta de saneamiento básico, vivienda, alimentación y empleo. Son migrantes, refugiados, pueblos indígenas urbanos, trabajadores industriales, trabajadoras domésticas, personas que viven del trabajo informal y que piden protección de la salud. Es obligación del Estado garantizar los derechos establecidos en la Constitución Federal ofreciendo condiciones mínimas para que puedan superar este grave momento.

La minería de oro, la minería y la deforestación para el monocultivo de soja y la ganadería para la exportación han aumentado de manera alarmante en los últimos años. Según el sistema Deter-B, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), la deforestación en la selva amazónica creció un 29,9% en marzo de 2020, en comparación con el mismo mes del año pasado. Contribuyó a este crecimiento, la notable reducción de las inspecciones y el continuo discurso político del gobierno federal contra la protección del medio ambiente y las áreas indígenas protegidas por la Constitución Federal (Art. 231 y 232). El coronavirus que nos está atormentando ahora y la crisis socio ambiental ya están mostrando una gran tragedia humanitaria causada por un colapso estructural.

Con la Amazonía cada vez más devastada, las sucesivas pandemias serán aún peores que la que estamos experimentando actualmente.

Estamos extremadamente preocupados por el aumento de la violencia en el campo, un 23% más que en 2018. En 2019, el 84% de los asesinatos (27 de 32) y el 73% de los intentos de asesinato (22 de 30) tuvieron lugar en la Amazonía, según los datos del “Cuaderno de Conflictos en el Campo Brasil 2019″ de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT Nacional). Causas del aumento de la violencia en el campo y la deforestación de la selva amazónica son, sin duda, la extinción, el desguace, la destrucción financiera y la instrumentalización política de organismos como el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y organismos de inspección y control agrícola, ambiental y laboral.

También nos preocupa la militarización de la Comisión Nacional para la Amazonía, según el Decreto nº 10.239, de 11 de febrero de 2020, con su transferencia del Ministerio del Medio Ambiente a la Vicepresidencia de la República.

Nosotros, obispos de la Amazonía brasileña que firmamos esta nota, exhortamos a la Iglesia y a toda la Sociedad a exigir medidas urgentes del Gobierno Federal, del Congreso Nacional, de los gobiernos estatales y las Asambleas Legislativas, para:

Salvar vidas humanas, reconstruir comunidades y relaciones fortaleciendo las políticas públicas, especialmente el Sistema Único de Salud (SUS);
Rechazar discursos que descalifiquen y desacrediten la efectividad de las estrategias científicas;
Adoptar medidas restrictivas para la entrada de personas en todos los territorios indígenas, debido al riesgo de transmisión del nuevo coronavirus, a excepción de los profesionales de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI);
Realizar pruebas en la población indígena para adoptar las medidas de aislamiento necesarias y prevenir la propagación del COVID-19;

Proporcionar el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en una cantidad adecuada y con las instrucciones correctas de uso y descarte;

Proteger a los profesionales de la salud que trabajan en los frentes de salud de los pueblos, acompañándolos también en sus debilidades psicológicas y físicas;

Garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, afrodescendientes, ribereños y otras poblaciones tradicionales en la Amazonía;

Fortalecer las medidas de inspección contra la deforestación, la minería y la minería de oro, especialmente en tierras indígenas y tradicionales y áreas de protección ambiental;

Garantizar la participación de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes de las poblaciones tradicionales en espacios de deliberaciones políticas;

Rechazar la Medida Provisional 910/2019, que propone una nueva regularización de la tierra en Brasil, ya que elimina la reforma agraria, la regularización de los territorios de los pueblos originarios y tradicionales, favorece el acaparamiento de tierras, la deforestación y los emprendimientos depredadores, regulariza las ocupaciones ilegales por parte del agro negocio, promueve la liquidación de tierras públicas en la Unión a precios insignificantes y autoriza la adquisición de tierras por el capital extranjero, la explotación especulativa de bosques y alienta la invasión y devastación de tierras indígenas y territorios tradicionales;

Rechazar el PL 191/2020 que regula el Artículo 176.1 y el Artículo 231.3 de la Constitución Federal, estableciendo las condiciones específicas para realizar investigaciones y extracción de recursos minerales e hídricos en tierras indígenas.
Derogar el Decreto nº 10.239 / 2020, devolviendo la Comisión para la Amazonía al Ministerio del Medio Ambiente, con la participación de representantes de FUNAI e IBAMA y otras organizaciones de la sociedad civil, indígenas o indigenistas como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), que actúan en la Amazonía.

Derogar la Instrucción Normativa 09/2020 de FUNAI, que permite la invasión, explotación
e incluso comercialización en tierras indígenas aún no aprobadas.

La Iglesia en la Amazonía, después de un rico proceso de escucha para la celebración de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, está atenta a estos escenarios y demandas, haciéndose eco de los gritos de los pobres y de la Tierra, de que se tomen medidas urgentes para detener las actividades depredadoras y, al mismo tiempo, invertir esfuerzos en alternativas a la propuesta fallida de progreso y desarrollo que destruyen la Amazonía y amenazan la vida de sus pueblos.

Que Nuestra Señora de Nazaret, Reina de la Amazonía, nos acompañe y nos ayude en nuestro deseo de servir a los pobres y en la defensa intransigente de la justicia y la verdad.  

CCJ NOTICIAS

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