La inseguridad en las principales cárceles de Honduras de nuevo quedó en evidencia este martes con la muerte de 41 mujeres en una reyerta en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), de lo que el Estado “es cómplice por omisión”, según el analista Raúl Pineda.
“El Estado se convierte en un cómplice por omisión porque no cumple con su labor de garantizar la vida de los internos”, dijo Pineda a EFE al referirse a las múltiples matanzas que se han registrado en varias cárceles del país en el presente siglo, que han dejado centenares de muertos.
El caso de este martes tiene el “agravante” de que ha habido la reciente creación de una Comisión Interventora del Estado orientada a poner orden en los centros penitenciarios, al frente de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, añadió.
El 18 de abril Villanueva anunció un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de teléfonos móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.
Para algunos sectores, Villanueva ha venido “hablando demasiado” sobre lo que está haciendo y pretende hacer en el precario sistema penitenciario, compuesto por 25 cárceles, de las que al menos 3 son conocidas como de “máxima seguridad”, aunque en la práctica lo que impera es la inseguridad y quienes las controlan son los mismos reclusos que lideran pandillas.
“Lo ocurrido hoy es una respuesta del crimen organizado a Julissa Villanueva, un poco aguerrida en sus declaraciones. La respuesta de los criminales es te vamos a demostrar quién manda en los penales”, subrayó Pineda.
El analista considera que los centros penales de Honduras “han sido la cenicienta del sistema de seguridad, ya que todo el dinero para seguridad se destina a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que ha derivado en que las cárceles se hayan convertido en una fuente de corrupción”.
Lo que se le viene a Honduras, advirtió Pineda, es un pago millonario a las familias de las víctimas, como ocurrió a raíz de la muerte de 360 reclusos, más una mujer que andaba de visita, en la Granja Penal de Comayagua, el 14 de febrero de 2012.
Sobre las múltiples recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mejorar el sistema penitenciario del país, Pineda dijo que “son sesgadas porque tienden solo a favorecer al preso, no a la sociedad”.
“La Constitución de Honduras es clara, las cárceles son centros de seguridad y se procurará en lo posible la rehabilitación, que no funciona en ninguna parte del mundo”, añadió el analista.
Además, Pineda considera que el Estado, o sacrifica a la sociedad y abre las puertas generando una serie de privilegios en los penales, o protege a la sociedad aplicando medidas de seguridad, que están determinadas por el comportamiento de los presos”.
RECOMENDACIONES DE ENTES INTERNACIONALES NO SE CUMPLEN
En diciembre de 2019, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó tres matanzas ocurridas ese mes en tres cárceles de Honduras que dejaron 42 muertos, y denunció que el Estado ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
El 1 de agosto de 2013, la CIDH describió en un informe al sistema penitenciario de Honduras como “deshumanizado, paupérrimo y corrupto”, con cárceles que “son totalmente contrarias a la dignidad humana”.
Además, la CIDH señaló que “es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas de Gobierno (…) reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda” del sistema carcelario.
Entonces, la CIDH también indicó que “la grave crisis estructural que atraviesan las cárceles de Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Desde entonces, poco o nada ha cambiado en el sistema penitenciario hondureño.
Tras la muerte de este martes de al menos 41 privadas de libertad en el Cefas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo sentirse “conmocionada” por el “monstruoso asesinato” y pidió a las autoridades de seguridad “rendir cuentas” sobre el hecho.
Según la viceministra de Seguridad, la reyerta de hoy es “producto de las acciones del crimen organizado” en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe.
En abril de 2003 una riña entre reclusos de la Granja Penal de El Porvenir, en el Caribe, dejó 66 reos muertos, más dos mujeres y una niña que estaban de visita en la prisión, mientras que en mayo de 2004 fallecieron 107 prisioneros en un incendio del presidio de San Pedro Sula, norte.
En febrero pasado la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, indicó que al menos 70 presos fallecieron de manera violenta en Honduras desde 2019. EFE
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