Se siguen cometiendo los errores de administraciones de gobiernos anteriores con el destino de los fondos de la deuda pública externa e interna, cuestionó el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona. El experto en finanzas se refirió a la carga financiera que genera el gasto corriente, entre otros factores que no afectan la economía nacional.

“Este gobierno heredó esta problemática (peso de la deuda) de administraciones anteriores, pero desafortunadamente se siguen tomando endeudamientos que no van dirigidos a impactar en la producción, en este caso muy coyuntural en la generación por ejemplo de energía eléctrica” expuso Barahona.

“La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es el sector o la institución que más presupuesto tiene de inversión pública con un aproximado de 5,600 millones de lempiras al año, de lo cual se ha ejecutado muy poco” agregó para luego referir que

“hay demasiado gasto corriente, una carga financiera demasiado elevada de la deuda pública externa e interna”.

En ese contexto, Martín Barahona, planteó que “hacen falta muchas cosas en realidad tanto a nivel macro, como microeconómico, pero si lo pudiéramos resumir, hace falta una visión estratégica de país, un punto común hacia donde nos podamos dirigir”.

“Los estratos de la sociedad hondureña, los que somos gobernados y gobernantes, ricos, pobres, clase media y pequeña debemos sentir que vamos hacia un rumbo común y que vamos caminando a pesar de las diferencias” concluyó.

La deuda externa del sector público alcanzó un saldo de 9,447.6 millones de dólares hasta abril del 2023. De enero a abril del año en curso, el servicio de la deuda externa pagado por el sector público sumó 322.1 millones de dólares, superior en 9.1 millones al compararlo de forma interanual con 2022.

Del total cancelado, el 75.6 por ciento ($243.6 millones) fue a abono de capital, de los cuales 171.9 millones de dólares se pagó a acreedores comerciales, 62.7 millones de dólares a organismos multilaterales y 9.0 millones de dólares a acreedores bilaterales; y el restante 24.4 por ciento ($78.5 millones), fue para cancelar costos financieros (intereses y comisiones), 42.1 millones de dólares a organismos multilaterales, 34.8 millones de dólares a acreedores comerciales y 1.6 millones de dólares a entes bilaterales.

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