El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), lanzó ayer el programa Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera de Pino (conocido como PP2021), con el objetivo de confrontar la tala ilegal de madera.

Mediante la ejecución de este sistema PP2021, se desplegarán, operativos con ayuda de la tecnología, para monitoreos desde el origen de la madera en la montaña hasta los puntos de salida de puertos o aduanas terrestres, con el objetivo de verificar y constatar su procedencia legal.

El PP2021 será riguroso con los controles en toda la cadena de custodia, en la trazabilidad de la madera para garantizar y disminuir la degradación del bosque a través de la tala ilegal.

Con el programa se fortalecerán capacidades técnicas, así como el apoyo interinstitucional, con la Fuerza de Tarea a través de la Fiscalía del Ambiente, las Fuerzas Armadas a través del Comando C-9 y la Procuraduría General de la República, los gobiernos locales, la Policía Nacional y las asociaciones de madereros.

Los sitios claves con mayor énfasis para combatir el tráfico de madera, son en las regiones de Francisco Morazán y Olancho, debido a que el 60 por ciento, de la madera de pino que se extrae a nivel nacional es en estas regiones, específicamente en los municipios de Guaimaca, Talanga, Orica y Cedros en Francisco Morazán y Campamento, Olancho.

El director ejecutivo del ICF, Luis Soliz, expresó que, “este proyecto viene a fortalecer los objetivos de Gobierno, para la conservación y la preservación de la cobertura forestal, ya que el corte y transporte ilegal de los productos forestales son unas de las mayores causas del cambio de uso de suelo y también de la degradación forestal”.

Como industria forestal, se debe garantizar que el producto que está industrializando y que será llevado a un mercado sea de una trazabilidad limpia, siendo de bosques que están siendo manejados de manera sostenible, a través de planes de manejo aprobados legalmente por el ICF.

Esta iniciativa, es gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y ayudará a Honduras a cumplir con sus compromisos asumidos bajo el Acuerdo Voluntario de Asociación para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (AVA FLEGT), firmado y ratificado por Honduras y la UE.

CCJ NOTICIAS